LOS DELITOS DE JAIME MATAS SUMAN HASTA 24 AÑOS DE PRISION Y El fiscal pide tres millones de fianza para Matas

La Fiscalía anticorrupción imputa a Jaume Matas los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, entre otros, que llevarían aparejada una posible condena de más de 24 años.

Entre otros numerosos hechos delictivos, el Ministerio Público le atribuye haber ordenado el pago de desvíos presupuestarios de más de 41 millones de euros, dentro del caso que investiga el desfase presupuestario cometido durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejecutivo autonómico.

Tras más unas quince horas de declaración del encausado, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitaron hoy prisión bajo fianza de tres millones de euros para el imputado, sobre la cual el juez se pronunciará el lunes a partir de las 10.00 horas.

En concreto, la acusación pública, al numerar las presuntas infracciones penales cometidas por Matas, postula que éste permitió el pago a la UTE encargada de la ejecución de la infraestructura --formada por FCC y Melchor Mascaró-- por trabajos "no realizados" o a precios superiores en un 400 por ciento respecto al dinero abonado, mientras que también dejó que parte de los fondos pagados a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz --que percibieron unos 8,5 millones de euros tras ser contratados ’a dedo’-- se desviasen al pago de otros fines.

En relación a la contratación del arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, los representantes de la Fiscalía consideran que fue "ilegal y arbitraria" mientras que también intervino en el nombramiento de los sustitutos del alemán, los hermanos García-Ruíz pese a los informes jurídicos contra la ilegalidad de las actuaciones.

Mientras tanto, los fiscales, que presentaron un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, para la petición de medidas cautelares contra el ex dirigente del PP, consideran que el ex presidente del PP balear ordenó pagar 200.000 euros al periodista Antonio Alemany, encargado de elaborar los discursos de Matas, y que se simule un expediente de contratación a través de la agencia de publicidad Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por haber servido de intermediaria para financiar a la formación ’popular’ de forma supuestamente irregular.

También respecto a Alemany --imputado en la causa-- se sospecha que fue beneficiario, por orden de Matas, de un contrato menor de 12.000 euros por un trabajo que nunca se realizó. En esta misma línea, el Ministerio Público encuentra indicios de que el ex presidente mandó abonar una subvención de 450.000 euros a una empresa de Alemany "presionando a los funcionarios" para que le dieran la máxima puntuación posible y habiendo "subvertido" las bases de la subvención.

La acusación, atribuyó paralelamente blanqueo de capitales a Matas por adquirir mediante dinero de procedencia "ilícita" propiedades inmobiliarias, entre las que se entraría la vivienda que posee en el casco antiguo de Palma, conocido como palacete.

También pesa sobre el ex jefe del Ejecutivo balear un delito electoral, en relación a la asunción, por parte de Nimbus, de gastos de la campaña electoral de los ’populares’ de 2007 que no facturó ni cobró al PP, mientras que otros trabajos fueron cobrados con dinero negro.

"Importante volumen de actividad delictiva"

En este contexto, la Fiscalía defendió el ingreso en prisión de Matas amparándose en el elevado riesgo de fuga del imputado y en la "acreditada alteración de las pruebas" practicadas hasta el momento, lo que se deduce de las grabaciones que han aparecido durante los interrogatorios llevados a cabo durante esta semana.

Asimismo, los fiscales se mostraron contundentes al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el "importante volumen de la actividad delictiva" de Matas, así como el patrimonio generado y que éste "se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros", evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con "numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga".

Sin embargo, cabe señalar que ya le ha sido retirado el pasaporte al ex presidente a pesar de que el juez José Castro todavía debe pronunciarse sobre las peticiones del Ministerio Público, una medida que se incluye entre las denominadas medidas cautelarísimas y que únicamente se solicitan en casos de urgencia. La Fiscalía también ha solicitado la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de que Matas comparezca cada quince días en el juzgado.

El fiscal pide tres millones de fianza para Matas

Trece horas después de que Jaume Matas abandonara a medianoche del jueves la zona de los juzgados de Palma en el asiento trasero de un todoterreno y con la vista en el suelo, los hechos explicaron por sí mismos el porqué de su derrumbe.

El juez que investiga el caso Palma Arena le retiró ayer a la una de la tarde el pasaporte después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el que fue ex president de Balears hasta 2007 y, antes, ministro de Aznar la fianza más alta exigida a un político en los últimos años: tres millones de euros para eludir el ingreso en prisión. El golpe económico a quien fue líder del PP balear y que ahora se ve más cerca del banquillo por soborno, blanqueo y otros delitos puede ser aún más duro: los fiscales anunciaron en la vista de medidas cautelares que también pedirán una fianza civil, cuya cuantía aún no han determinado, en previsión de que una eventual condena ratifique que Matas causó al Ejecutivo autonómico un daño patrimonial. Al término de la vista, Matas rehuyó a la prensa.

"Riesgo de fuga"

En su escrito, de medio centenar de páginas y que desglosa los delitos atribuidos a Matas, los fiscales argumentan su drástica demanda en el "elevado riesgo de fuga" existente, dado que el imputado se arriesga a penas de cárcel superiores a 20 años. Asimismo, subrayan que las escuchas policiales acreditan la alteración de pruebas que habría llevado a cabo durante la instrucción el principal imputado del caso. Matas intentó influir en testigos para que modificaran su versión y le beneficiasen en sus declaraciones ante el juez. Una de las escuchas revela que Matas y su abogado Rafael Perera hablaron sobre la fabricación de un documento contable como coartada para el lujoso tren de vida del ex president balear.

Los fiscales lanzan la siguiente acusación a Matas: "Ha fabricado documentación falsa para ocultar su enriquecimiento ilegal". Es decir, el dinero con que compró el piso palacete de Palma, el piso de lujo en Madrid, escriturado a nombre de un presunto testaferro, y el de Ses Salines (Mallorca) que figura a nombre de su madre. Matas adquirió formalmente el palacete por la mitad de lo que en realidad valía, acusan los fiscales.

Es el temor de los fiscales a que Matas intente evadir la acción de la Justicia o presionar a otros involucrados en la causa la que les llevó a requerir ayer al juez que le privase del pasaporte de manera inmediata, es decir, sin esperar a que el lunes se conozca el auto que fijará la fianza definitiva y las restantes medidas cautelares, si las hay. El juez José Castro, que rescató en septiembre de 2009 la investigación sobre el patrimonio de Matas después de que el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Balears intentasen enterrar-la, accedió de inmediato a las pretensiones de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. Tanto los fiscales como la acusación particular, ejercidas por el Gobierno del socialista Francesc Antich, sopesaron pedir medidas cautelares más severas. Si no lo hicieron, y así lo manifestaron en la vista de ayer, fue en reconocimiento a la "excelente" labor de Manuel Ollé, experto en derecho internacional y quien se incorporó recientemente a la defensa de Matas que ya ejercía Perera.

Los fiscales atribuyen a Matas siete delitos de prevaricación (adoptar una resolución administrativa injusta a sabiendas de que lo es), varios de cohecho, falsedad, blanqueo, y malversación, sin perjuicio de que pudiera haber cometido otro contra la Hacienda Pública. Si el juez acepta las peticiones de la fiscalía, Matas, que trabaja en EEUU, no podrá siquiera abandonar el territorio nacional y tendrá que comparecer cada 15 días ante el magistrado instructor. La defensa de Matas se opuso a la fianza y a la retirada del pasaporte, porque "vulneraría" el de-recho de su cliente a trabajar.

Los fiscales están convencidos de que Matas se lucró gracias a la construcción del velódromo Palma Arena y a la agencia de publicidad Nimbus, gran beneficiaria de contratos públicos del Govern balear en la etapa de Matas y artífice de su campaña electoral en 2007.

Acorralado por la ingente cantidad de pruebas, el que fue ministro de Medio Ambiente hasta su victoria autonómica en 2003 intentó anteanoche convencer al magistrado de que sólo cometió un delito fiscal y no los de cohecho que se le atribuyen. En su desesperado intento por alejar la cada vez más espesa sombra del soborno, el ex jefe del Govern balear reconoció que había empleado 400.000 euros no declarados en la reforma de su palacete. Los fiscales no se creen su versión. El juez, tampoco. Hijo de una familia que poseía una tienda de electricidad, y casado con Maite Areal, también de clase media, Matas sostiene que esos 400.000 euros ocultos al fisco procedían de ahorros familiares, herencias y del traspaso de un negocio y posterior alquiler de un local en el centro de Palma.

Autor intelectual

El hecho de que la fiscalía sólo haya solicitado para Fernando Areal, cuñado de Matas y ex gerente del PP, la retirada de pasaporte; y que no reclame ninguna medida cautelar contra la mujer del ex presidente, Maite Areal, quien se negó a declarar el miércoles; ni contra Bartomeu Reus, el presunto testaferro de la familia, indica que el ministerio público lo tiene claro: Matas fue el autor intelectual de los manejos destinados, presuntamente, a obtener beneficio económico ilícito para él y el PP. Los fiscales no se creen la versión de Matas, según la cual, era su director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester quien controlaba las decisiones sobre el velódromo Palma Arena, que pasó de costar 48 millones a 110 sin causa explicada. Ballester sufre una grave enfermedad.